Vivienda asegura que tendrá listo el índice de precios de referencia de alquiler en enero | Economía

El índice de precios de referencia de alquiler que permitirá poner topes a las rentas estará listo en enero. Esa es la intención del recién creado Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, según ha adelantado El Confidencial y confirma una portavoz de dicho departamento. La voluntad inicial del Gobierno era tenerlo definido antes de acabar el año y ese paso está prácticamente cumplido, pero en el ministerio que encabeza Isabel Rodríguez descartan que la entrada en vigor pueda producirse este mismo mes y destacan “la voluntad y el compromiso político para sacar adelante este índice de referencia durante el mes que viene”.

En Vivienda justifican que, pese a que el Ejecutivo ha estado en funciones durante meses, los trabajos siguieron en curso y la nueva titular los encontró muy avanzados al llegar al ministerio. Pero apenas han pasado dos semanas desde que asumió la cartera Rodríguez, quien además tendrá que leer y revisar algunos aspectos antes de estampar su firma en la resolución que apruebe el indicador. El traspaso, además, es un poco más complicado de lo habitual puesto que ha supuesto la escisión del anterior Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en dos (la parte de Transportes la encabeza ahora Óscar Puente). No obstante, Vivienda ha mantenido a David Lucas, sobre el que recayó el peso negociador de la ley de vivienda por la parte socialista, como secretario de Estado.

El calendario siempre estuvo muy ajustado y ni el puente de diciembre ni las Navidades juegan a favor. La ley de vivienda se aprobó a finales de mayo con el mandato de implementar ese índice. A la vuelta de verano aumentaron las presiones por parte de la Generalitat catalana, que llegó a acusar al Gobierno de tener “voluntad dilatoria” en el proceso. En el marco de unas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez en que los nacionalistas catalanes eran imprescindibles, se produjo una reunión de la anterior ministra, Raquel Sánchez, y la consejera catalana de Territorio, Ester Capella (ERC). En ese encuentro se evitó poner un marco temporal concreto, según dijeron entonces fuentes del Gobierno, para no añadir presión a los técnicos que estaban trabajando.

En el pacto de Gobierno que firmaron PSOE y Sumar también apareció una referencia a este asunto. El texto hablaba de definir “con carácter inmediato” el índice. De nuevo no se ponía una fecha límite, aunque El Confidencial señala presiones de los socios minoritarios del Ejecutivo para acelerar el proceso. La regulación de alquileres fue una de las banderas de Unidas Podemos en la pasada legislatura, y en la presente todo apuntaba a que la recogería Sumar, aunque con la marcha de los cinco diputados del partido que encabeza Ione Belarra al Grupo Mixto parece que las reivindicaciones llegarán desde ambas partes.

Y también desde los partidos nacionalistas catalanes. Esta comunidad es la única que hasta el momento ha dado pasos para regular los alquileres. Ya lo hizo durante unos meses con una ley propia que fue tumbada por el Tribunal Constitucional y ahora pretende hacerlo al amparo de la norma estatal, pese a que esta ha sido recurrida por el Parlament catalán con el voto favorable de Junts y ERC alegando que invade competencias. Vivienda asegura que “una vez que exista el índice y esté en vigor, podrá empezar a aplicarse el procedimiento ligado a la declaración de área tensionada”.

Esa declaración, con un procedimiento justificativo que la ley especifica, parte de las comunidades autónomas y es imprescindible para aplicar el control de precios. Estos solo pueden aplicarse dentro de esas denominadas “áreas tensionadas” y discriminan entre pequeños y grandes propietarios (los que tienen más de 10 casas, aunque hay posibilidad de bajarlo hasta cinco en el procedimiento). Los primeros deben tomar el precio del anterior contrato como referencia del nuevo, y pueden beneficiarse de bonificaciones fiscales si rebajan la renta. Los segundos deben atenerse al índice y ajustar a este el precio, sin excederlo. Los controles solo se aplicarían a contratos nuevos, no a los que ya estén vigentes, que se mantienen en las mismas condiciones hasta que expire su vigencia.

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