Sánchez reforzará la Ley de Cadena Alimentaria para que los agricultores no vendan a pérdidas

El Gobierno trata de frenar las protestas crecientes del campo, que se están extendiendo a más comunidades autónomas y han abierto un nuevo frente político en el Parlamento. El presidente, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles a reforzar los controles para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que impide las ventas a pérdidas, y a simplificar la burocracia relacionada con la Política Agraria Común (PAC), dos de las reclamaciones de agricultores y ganaderos. Además, el Ejecutivo redoblará los esfuerzos para que la UE adopte en sus acuerdos comerciales las llamadas cláusulas espejo en las importaciones agroalimentarias, que fijan las mismas condiciones y requisitos a las producciones de terceros países y países de la UE, pero cuya aprobación requiere una unanimidad que, ahora mismo, no existe en Europa.

La bronca en el campo se ha trasladado a la sesión de control al Gobierno en el Congreso, con preguntas de Vox, PP y ERC sobre el alcance de las protestas agrarias y las posibles soluciones a un conflicto que amenaza con extenderse. Sánchez ha rechazado recetas que pasen por el “negacionismo climático” y el “antieuropeísmo” en el sector agrario, y ha enunciado medidas, sin aportar detalles. Desde el PP, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en la Cámara Baja que el “problema” de los agricultores “no solo está en Bruselas, sino también en las bancadas del Gobierno”.

La vulneración de la Ley de la Cadena Alimentaria es una de las quejas de los agricultores. Este norma se reformó en diciembre de 2021 para incrementar los controles en las relaciones contractuales entre productores, fabricantes y distribuidores. Su objetivo es evitar ventas a pérdidas y defender a los integrantes de esa cadena de las presiones de otros eslabones más poderosos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ya avanzó hace unos días que el departamento está trabajando con las comunidades en la aplicación efectiva de esta normativa, que considera pionera, pero que reconocía que se puede aplicar mejor. En este sentido, el ministerio ha reforzado los medios humanos y técnicos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), el organismo público que se encarga de supervisar su cumplimiento.

Denuncias anónimas

La AICA realiza labores de inspección de oficio, pero también las comunidades y las organizaciones agrarias pueden efectuar denuncias y se puede pedir la confidencialidad del denunciante. La publicidad de las sanciones graves y muy graves es obligatorio desde el 1 de enero. También hay organismos similares a nivel autonómico. En 2023, se impusieron 34 sanciones por incumplir la ley, que suman 136.424,6 euros. De ellas, 22 se debieron al incumplimiento de los plazos de pago y no formalizar por escrito los contratos alimentarios.

Durante los dos años de crisis de precios de los alimentos, Planas ha insistido en que los controles han funcionado relativamente bien y que, por lo general, las subidas de precios se han trasladando sin abusos del inicio de la cadena hasta los puntos de venta. El IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas ha subido un 24% acumulado entre 2021 y 2023, según el Instituto Nacional de Estadística, mientras los precios en origen, los de campo, lo han hecho en torno al 50%, según los datos de Agricultura. Hay que tener en cuenta, no obstante, que las dos evoluciones no son del todo comparables, ya que no se trata exactamente de los mismos productos. En el caso del campo, además, ha habido una reducción generalizada de las cosechas por la sequía y su oferta ha sido muy limitada, mientras los distribuidores pueden importar alimentos para compensar, por lo que el volumen de facturación de resiente menos.

Competencia desleal

Pero es el tema de las importaciones agroalimentarias desde terceros países uno de los que más está sublevando al campo en esta ocasión, no solo al español, sino a todo el europeo. El sector considera que hay una competencia desleal por parte de otros mercados que no están sujetos a las normas medioambientales y laborales de la UE y, por tanto, ofrecen precios más bajos, como Marruecos, Egipto o Latinoamérica. El Gobierno español lleva años defendiendo las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales comunitarios, para exigir que se compita en igualdad de condiciones. Pero es una medida que tiene que adoptarse por unanimidad y algunos países, sobre todo los no productores, se resisten porque encarecería la oferta.

La falta de cláusulas espejo es una de las razones por las que Francia se opone al acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur. También Irlanda lo ha rechazado. Sin embargo, el Gobierno español aboga por cerrar este pacto, que considera “clave”, en palabras recientes del propio Sánchez. El presidente también ha recordado este miércoles que, desde 2022, se han desplegado 1.380 millones de euros en ayudas directas, otros 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España y 4.800 millones de euros en ayudas a las explotaciones agrarias ligados a la PAC.

Planas también ha intervenido en la sesión de control del Gobierno este miércoles. El ministro ha calificado de “inteligente y oportuna” la retirada de la propuesta de la Comisión Europea sobre el uso de pesticidas, pero ha recordado que el reto es “la reducción a la mitad de los productos fitosanitarios más nocivos y antibióticos”.

El ministro ha admitido que el campo atraviesa por “muchos problemas” pero “para eso hace falta diálogo, trabajo y compromiso” como, a su juicio, está haciendo el Gobierno. Para Planas, hay un futuro de “muchas posibilidades” para los agricultores pero tiene que ser “rentable y sostenible” y centrarse en tres ejes: la incorporación de los jóvenes, un regadío sostenible y el fomento de la innovación y de la digitalización. Además, ha recordado su defensa de acuerdos comerciales con terceros basados en “reglas” y en los que prime la “reciprocidad” y ha vuelto a apoyar la imposición de las cláusulas espejo: “Fui el primero” en defenderlas, ha añadido. Al PP le ha echado en cara que “haya entregado cuatro consejerías” de Agricultura a VOX.

Menos explotaciones agrícolas

Durante su intervención en la Cámara Alta, el líder de Voz, Santiago Abascal, ha reprochado las políticas desplegadas por el Gobierno en el sector primario. Ha señalado que en los últimos siete años han desaparecido 75.000 explotaciones agrarias por la “competencia desleal” de terceros países, un “papeleo insoportable” en términos burocráticos, acciones de “ecologismo radical” y la “criminalización de su modo de vida”, informa Europa Press. “Ustedes no quieren una España de ganaderos y de agricultores, quieren una España de borregos a la que poder mentir a placer”, ha denunciado Abascal en su intervención. Ya en la réplica, Pedro Sánchez ha increpado al líder de Vox por su “fórmula letal” para el sector primario, que a su juicio pasan por el “negacionismo climático” y el “antieuropeísmo”.

Políticas ambientales

Por su parte, la portavoz adjunta de ERC, Teresa Jordà, ha advertido al presidente de la falta de medidas estructurales en el sector, de la necesidad de hacer políticas ambientales “de cara” al campo y de la pérdida de “centenares de campesinos”. “¿Qué piensa hacer ante esta gravísima situación?”, ha preguntado Jordà. Sánchez ha aprovechado el turno de respuesta para trasladar su “absoluta disposición e interlocución” con el campo, así como un actitud de “empatía” desde el Ejecutivo. Pero también se ha comprometido a llevar a cabo una labor de persuasión en las instituciones comunitarias en Bruselas para trasladar las “demandas justas” de los agricultores. Por último, el presidente se ha comprometido al refuerzo de la Ley de la Cadena Alimentaria.

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