El Gobierno presiona a las comunidades para reforzar las inspecciones y el apoyo económico al campo

El Gobierno quiere que las comunidades se impliquen más en la resolución de los problemas del campo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha avanzado este lunes que pedirá a las autonomías que estén “a la altura” de las inquietudes de agricultores y ganaderos, con más inspecciones y más coordinadas para garantizar que se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria, y que incrementen el respaldo económico a los seguros agrarios que protegen al sector ante las malas cosechas. Mientras, las protestas han entrado en su tercera semana con la previsión de más movilizaciones, incluida una tractorada este miércoles en Madrid.

El ministro ya avisó la semana pasada de que iba a poner “deberes” a las comunidades. En una rueda de prensa previa al Consejo consultivo de política agrícola con los consejeros autonómicos del ramo, que está prevista para este lunes, Planas ha afirmado que “hay medidas muy sencillas que están en la mano de las comunidades y que las pueden adoptar para responder a las inquietudes de agricultores y ganaderos”. Y ha añadido: “Deberíamos caminar todos unidos”. Preguntado por qué comunidades cumplen más, el ministro se ha negado a hacer “un baremo de buenos y malos”, pero sí ha sido claro al recordar a las autonomías que “disponen de medios y también de obligaciones”. “Hay ocasiones que determinadas ayudas de fondos transferidos por el Estado son ejecutados magníficamente y hay otras en que no”, ha insistido.

Agricultura, por ejemplo, aboga por una mayor coordinación de las inspecciones entre el Gobierno y las comunidades para que se lleven a cabo en un mismo momento del año. “Es una medida de simplificación que solo requiere voluntad y buena gestión”, ha dicho Planas. “Esta es una queja habitual del sector, que se enfrentan a inspecciones en momentos distintos del año y de forma coordinada”, ha añadido. Estas inspecciones deben de servir para comprobar que se cumple la ley que impide vender a pérdidas en el campo. Ante las protestas, el Gobierno anunció hace unos días que se reforzarían los controles, y también quiere que las comunidades lo hagan.

La convocatoria de las ayudas a jóvenes agricultores es otro de los ejemplos que ha puesto el ministro. Aparte de un paquete de ayudas europeo y nacional, hay una parte autonómica que, según Planas, debería estar organizada en torno a un calendario que establezca de forma transparente qué fechas y época del año se pueden pedir, “para dar certidumbre”.

El Gobierno va a reforzar las inspecciones que prevé la Ley de la Cadena Alimentaria, para entre otras cosas evitar que los productores vengan a pérdidas, y quiere que las comunidades también lo hagan. “Creemos que es importante que las comunidades también asuman la tarea de forma efectiva; de hecho algunas han creado ya una estructura administrativa” para impulsar los controles, “pero para quien no lo ha hecho voy a recordarles que es muy importante.

En cuanto a los seguros agrarios, el Ejecutivo quiere que las comunidades aporten más. Agricultura bonificó con 234 millones las primas el año pasado. “Me gustaría que las comunidades, que algunas lo hacen y otras no, se pusieran a la altura de las circunstancias y que apoyen seguro agrario de forma significativa”. Entre el 30% y el 40% del conjunto de las primas es asumido por el Gobierno, que quiere que las autonomías complementen esta cifra: “Hay algunas que llegan hasta el 10%, pero otras no pasan del 2%, 3%”.

Mientras, los trabajadores del campo calientan motores en su tercera semana de protestas. Las principales asociaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, continúan con su calendario de movilizaciones autorizadas en diversas localidades del país. En concreto, se reunirán en Almería, con una caravana lenta que recorrerá la A-32 en dirección a Murcia y, en paralelo, otros tractores rodarán en una “lenta y ordenada” marcha hacia el puerto de Algeciras. Sobre esta última concentración, las agrupaciones han anunciado que han planeado cortes intermitentes de tráfico cada media hora entre las 11.00 y 13.30 en la A-7. El plan es aparcar tractores en una explanada habilitada por el Ayuntamiento de Algeciras y trasladarse a pie hasta el puerto, donde leerán un manifiesto y se concentrarán hasta las 18.00.

Logroño también ha amanecido con los tractores en las calles. Los agricultores se han trasladado desde primera hora de la mañana a Merca Rioja, el lugar habitual de los mayoristas de fruta y verdura en la comunidad. En esta ubicación, medio centenar de tractores interrumpen el acceso de furgonetas en una nueva movilización no comunicada a Delegación del Gobierno. Por el momento, no se han registrado incidentes de importancia. Todo ello, después de que esta madrugada una larga caravana de tractores abandonara su protesta en el centro de Logroño, donde impidieron la circulación hasta medianoche, informa Víctor Espuelas.

Los agricultores riojanos vuelven a colapsar Logroño aparcando en la Gran Vía de la ciudad este domingo. Fernando Diaz (EFE)

Por su lado, la Unión de Uniones, la cuarta organización profesional agraria con más afiliados en el campo y con especial presencia en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cataluña (Unió de Pagesos), también sacará los tractores a las calles. Lo hará en Madrid este 21 de febrero con una marcha que concluirá en las puertas del Ministerio de Agricultura y en la que estiman la presencia de “500 tractores y 100 autobuses en seis carreteras”. Llegarán desde diversas comunidades autónomas con unas rutas ya perfiladas, según fuentes de la asociación.

La agrupación ha explicado que las marchas han sido comunicadas a tiempo a las delegaciones del Gobierno, sin embargo, no se descartan que “no puedan entrar con todos los tractores debido a posibles congestiones de tráfico”. Anastasio Yébenes, presidente de Unión de Uniones en Castilla-La Mancha, ha cargado contra el ministro Planas. “Exigimos que la ley de 2014, que establece la creación de elecciones en el campo, se cumpla. Los trabajadores del campo son quienes deben elegir quién se sienta a dialogar con el ministerio”.

Los portavoces de este grupo explican que las medidas desplegadas por Planas el pasado viernes no “son representan un avance, pues la mayoría ya se habían ofrecido antes, sin llegar a un resultado concreto”. Sobre el cuaderno digital Yébenes ha mencionado que el ministro tiene que detallar “cuándo, cómo y de qué manera” va a aplazar el uso de esta herramienta y sobre la prórroga de la subvención del gasóleo ha mencionado que primero tendrá que ser aprobada por la ministra Teresa Ribera, “que es quien manda en ese ámbito”.

La organización ha anunciado que al menos 5.000 manifestantes llegarán a rodear la sede del ministerio de Agricultura después de entrar a la capital por “las seis autovías principales”, con manifestaciones que llegarán desde otras autonomías desde el día anterior y que trasnocharán en las inmediaciones de Madrid el martes por la noche para poner en marcha hacia la Plaza de la Independencia el miércoles, con su posterior partida hacia el ministerio de Agricultura.

Durante el verano pasado, esta organización —que no es reconocida como portavoz ante el Gobierno— logró concentrar decenas de tractores que pedían más ayudas frente al golpe de la sequía. En la presente convocatoria sus exigencias van más allá de las reivindicaciones por garantizar el recurso hídrico; este gremio pide más control ante la competencia desleal de los productos procedentes de países terceros, a los que señalan por utilizar productos fitosanitarios no permitidos en la Unión Europea. Y también reclama más control de la Ley de la Cadena Alimentaria, pues consideran que “es una ley insuficiente porque no actúa para reforzar el papel de los productores”. Estas peticiones están en línea con las tablas reivindicativas de los otros grupos.

La Unión de Uniones también fue responsable de la tractorada el pasado martes en el puerto de Tarragona, Mercabarna y Girona, por donde llegaron a rodar hasta 1.000 tractores. La Unió de Pagesos, grupo adscrito a la Unión de Uniones, en cambio, fue el que lideró la jornada del 7 de febrero en Barcelona, con la entrada de cerca de 1.250 tractores hasta el centro de la ciudad. Este movimiento surgió en 1971 como un grupo de contestación antifranquista y hoy se considera “progresista, ambientalista y defensor de la identidad nacional de Cataluña”.

Fedea cuestiona la eficacia de la Ley de la Cadena Alimentaria

El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, considera que la Ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe vender a pérdidas, no va a funcionar si no se incluyen precios suelo y hay un organismo estatal dispuesto a comprar excedentes. Así lo manifiesta en una nota en la que analiza esta normativa.

El experto asegura que «la única forma posible, aunque no necesariamente deseable, de avanzar en la dirección que pretende la reforma de la ley de la cadena es que el sector público asuma el papel de comprador de último recurso para garantizar el derecho de los productores alimentarios a vender a un precio determinado». Y continúa advirtiendo que «hacerle un traje a medida a cada productor sería complicado», pero si se renuncia «a la individualización de los precios, el derecho a la recuperación de unos costes
razonables podría implementarse, si la normativa europea lo permite, mediante la fijación de suelos de precios en el sentido tradicional del término para los productos alimentarios».

«La norma, además, es poco clara sobre cómo exactamente han de calcularse los costes a cubrir y no especifica cómo debería alcanzarse el resultado deseado, limitándose en la práctica a expresar un piadoso deseo de casi imposible cumplimiento en ausencia de medidas adicionales», afirma. Cabría decir que estamos ante un intento poco pensado de ponerle puertas al campo», sentencia.

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