México: «No quiero que vendas»: un drama del comercio de niñas indígenas [VIDEO]

«No quiero que lo vendas», recuerda Eloina Feliciano de su madre. A pesar de su súplica, fue una de las niñas a las que se casó bajo un antiguo contrato de compraventa en el estado de Guerrero, México.

“No somos animales (…) Esos animales se venden”, dice este indígena mixteco de 23 años – vendido a los 14 – de la comunidad Juquila Yuvinani de Metlatónoc, entre los más pobres. México.

En esta comunidad sureña entre las montañas, algunas familias están tratando de erradicar esta práctica, que existe en 66 ciudades de Guerrero, y que es un ciclo de abuso a las mujeres y pobreza de los hombres.

Están esclavizados por su nueva familia.

Las donaciones pagadas por los padres de las novias, que solo aceptan maridos de la misma región, oscilan entre $ 2,000 y $ 18,000, dependiendo de los residentes de la zona.

«Las niñas están en una posición completamente vulnerable. Su nueva familia las esclaviza con tareas domésticas y agrícolas», y en ocasiones son «abusadas sexualmente por compatriotas», dice Abel Barrera, antropólogo y director de la ONG Tlachinollan.

Debido a la «creciente inseguridad» de estos pueblos, agrega, «la antigua ceremonia indígena La dote de las niñas se ha perdido desde su primera menstruación y ahora las están vendiendo. «

“Lamento que esto esté pasando”, pero “las comunidades indígenas no deben ser estigmatizadas”, dijo el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que estos casos serán investigados “en caso de denuncia”.

De los casi 2,500 municipios mexicanos, alrededor de 620 son nativos y 420 de ellos se rigen por usos y costumbres tradicionales reconocidos por la Constitución.

En Metlatónoc, una población de 19.000 habitantes, el 94,3% no cuenta con servicios básicos en el hogar y el 58,7% tiene dificultades de autosuficiencia, según el instituto nacional de estadística INEGI.

«Puedo hacer lo que quiera por ti»

“Están sufriendo por el simple hecho de que te compré”, dice Maurilia Julio, una partera mixteca de 61 años que también fue traficada de niña y que se negó a hacerlo con sus hijas.

Maurilia amasa tortillas de maíz grandes y las coloca en el komal, el plato principal de su familia. En la cabaña sucia, su hija de 18 años, con su bebé en brazos y sus nietos, escuchan.

“Muchas mujeres dicen ‘vendo a mi hija por 110, 120 mil pesos porque quiero dinero’, pero ella se pone muy triste cuando escucho estas cosas porque son sus hijas”.

Su casa está construida en parte con ladrillos de barro y estiércol de carga, como la mayoría en esta área. Los niños están rodeados de moscas con perros hambrientos.

A lo largo del río gris y maloliente, una mujer expresa de forma anónima su rechazo a las tradiciones, por temor a represalias de sus vecinos.

«Las mujeres vendidas por coacción tienen que cuidar de su suegro». Te pagué y puedo hacer lo que quiera para «decir esto» – dice la madre de estas dos niñas, preocupada porque su marido puede repetir la historia con ellas.

El año pasado, más de 3.000 niñas y adolescentes guerrerenses entre 9 y 17 años dieron a luz el año pasado, según cifras oficiales, algunas de ellas dentro de estos matrimonios concertados.

«Luchamos duro para pagar»

«Queremos que cambie, pero como dice la gente, ‘hago lo que quiero porque tengo una hija y nadie me manda’ (…), queremos que alguien nos ayude, que apruebe una ley». Víctor Moreno, 29 años.

Moreno, casado según la misma tradición, se opone a su perpetuación porque se vio obligado a emigrar como jornalero. México para pagar la dote. Otros van a Estados Unidos.

«Somos gente pobre, no tenemos que comprar a nuestro novio para casarnos con nuestros hijos, y luchamos mucho por la paga», agrega este padre de dos hijos.

Benito Mendoza, miembro de la organización Yo quiero, Yo Podemos, realizó talleres de sensibilización en Mixtec hasta que se agotó su fuente en febrero del año pasado.

Los padres son “acusados ​​de creer que necesitan reembolsar las sumas gastadas en mujeres durante su crianza”, explica.

Según Virgilio Moreno, líder de la comunidad de 72 años, solo 300 personas han acordado abandonar la práctica y reclamar la atención de las autoridades federales.

“La mayoría de la gente sigue vendiendo a sus hijas”, lamenta Eloina, por 2.000 dólares.

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