Ucayali: Advertencia por amenazas a ambientalistas

Ucayali: Advertencia por amenazas a ambientalistas

La Fiscalía Especial de Medio Ambiente de Atalaya abrió una averiguación previa contra los representantes legales de las «Negociaciones Forestales Ostua EIRL» y «Forestal Mendoza EIRL» por supuestamente llevadas a cabo. actividades de deforestación territorio Sawawo es una comunidad indígena sin permiso y concesión y para instalar un relleno sanitario sin licencia.

Al respecto, Carlos Quispe Dávila, experto en programas de derechos ambientales y justicia de la ONG Derecho, Medio Ambiente y Recursos Naturales (DAR), afirmó que “la empresa tiene un impacto en medio ambiente, la salud humana y la integridad de los procesos ecológicos ”.

La intervención de la Fiscalía se produce luego de que la Asociación de Comunidades para el Desarrollo Integral de Yurua – Yono Sharakoial presentara una denuncia contra las empresas, comprobando que la empresa ha comenzado a trabajar en una vía que parte de Sawawo a La Comunidad Shahuaya.

«Esta actividad tiene un impacto negativo en bosques comunitarios, como la pérdida de árboles y los animales que viven en ellos ”, comentó Quispe.

Asimismo, su representante DAR advirtió que “actualmente los miembros del Comité de Vigilancia y la Comunidad Sawawo son amenazados por los operadores de la máquina si se les sigue impidiendo pasar por su territorio ».

Cabe señalar que la Fiscalía, en representación del Fiscal Raúl Huaroc Pocomucha, crimen contra el bosque o figuras arboladas en forma agravada (artículo 310-C (1) del Código Penal); incumplimiento de las normas de gestión de residuos sólidos (artículo 306); y la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas en perjuicio del Estado peruano (artículo 314-A).

PROBLEMA RECURRENTE

Según los registros, las situaciones de riesgo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Ucayali Es una de las regiones que está registrando un aumento en el número de amenazas y ataques contra ambientalistas, principalmente por actividades ilícitas que afectan a los pueblos indígenas, como el narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de tierras. incluido el cultivo ilícito de hojas de coca.

Para abordar este tema, el Estado ha logrado importantes avances, como la aprobación de un mecanismo intersectorial para proteger a los defensores de derechos humanos. derechos humanos y el lanzamiento de la Red de Alerta Rápida, anunciado en una reunión de alto nivel en Pucallpa el 14 de mayo de este año.

Sin embargo, según Dávila Quispe, existen obligaciones que aún no se han cumplido, como la aprobación de un protocolo de acción para implementar las medidas de protección provistas por Minjus o medidas urgentes de protección, que estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú, según lo establecido en el Tribunal Supremo establecido en la penúltima disposición adicional del presente Reglamento.

“Las medidas implementadas aún no tienen la efectividad esperada y el número de casos está aumentando, como comunidad indígena Sawawo Hito 40, Distrito de Yurúa, Provincia de Atalaya, Ucayali, En la frontera de Brasil ”, señaló Quispe.

En esta línea, la asociación DAR hizo un llamado a las autoridades competentes para que formulen medidas inmediatas para la mitigación de riesgos. Asimismo, insta a la fiscalía a actuar de inmediato para realizar las investigaciones.

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