El disputado derecho de protesta en el Reino Unido

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Miles de personas marcharon el fin de semana contra la Ley de Inmigración, un derecho cada vez más limitado

Manifestación contra la Ley de Inmigración en Londres.ANDY LLUVIAEFE
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QUIÉN. Civicus Monitor ha rebajado al Reino Unido en su índice anual de derechos civiles, equiparándolo con Hungría y Polonia. ESO. La organización denuncia el «autoritarismo creciente» de sus leyes y el «ambiente hostil» hacia los activistas. POR QUE. La Ley de Policía, Delitos, Condenas y Tribunales y la Ley de Orden Público fueron impulsadas por Boris Johnson para el gobierno de las protestas.

«Ningún ser humano es ilegal» fue el lema con el que miles de británicos salieron a las calles a finales de semana en protesta contra la Ley de Inmigración. «Kill the Bill» fue el eslógan usado hace un año en otra cadena de manifestaciones reclamando ni más ni menos que «el derecho a protestar».

La Ley de Policía, Delitos, Condenas y Tribunales, impulsada por el entonces «first» boris jhonson, marcó sin embargo el inicio de un severo recorte de la libertad de reunión y de expresión. La polémica ley ha sido usada para contener la marea de los «crusties» («gruñones») del clima y meses más tarde para detener a manifestantes antimonárquicos tras la muerte de Isabel II.

La Ley del Orden Público pretende dar ahora una nueva visión de matarlo limitando drásticamente las acciones que pudieran causar «disrupción» al público, con penas de seis meses de cárcel por encadenarse o «pegarse» tiene un edificio, tiene un post donde la calzada para cortar el tráfico en los puentes, en las autopistas o en las infraestructuras. La ley, actualmente en trámite, ha sido criticada como la más restrictiva de las democracias occidentales.

Por estas y otras razones, Civicus Monitor acaba de bajar la calificación del Reino Unido su índice global de rechos civiles para ponerle a la altura de países como Hungría y Polonia. El organismo internacional ha denunciado «el creciente autoritarismo» y «el ambiente hostil» hacia las organizaciones no gubernamentales y hacia los representantes de la sociedad civil.

El ranking de Civicus Monitor divide a las naciones en cinco grupos: «abiertas», «con restricciones», «con obstrucciones», «represivas» o «cerradas». El Reino Unido ha pasado de la segunda categoría (donde están países como España o Francia) a la tercera división, codeándose con Marruecos o Sudáfrica.

La «marcha atrás» iniciada por Johnson y su polémica secretaria de Gobernación, Priti Patel, ha incluido amplificada por Rishi Sunak y por la polémica Suella Braverman, la misma que descalificó a los manifestantes del clima como «comedores de tofu» y que ha prometido llevar la Ley de Orden Público a las últimas consecuencias.

A su manera sutil, Sunak ha grabado que el derecho a protestar «non es absoluto» y ha defendido así las acciones para mantener a raya a las activistas: . «No podemos estar de acuerdo en que una pequeña mínima causa una interrupción en la vida de la gente de corriente; esto no es aceptable y se va a acabar».

«Reino Unido tiene presos politicos»

Más de mil activistas fueron detenidos y al menos 100 resultaron encarcelados en el último año, sobre todo en acciones de Extinction Rebellion, Insulate Britain y Just Stop Oil, vilipendiados como los «ecovándalos» por la prensa conservadora. Cien escritores, artistas y actores -de Simon Schama a Biran Eno o Emma Thompson- escribieron una carta de solidaridad a los trece que seguían encarcelados a primeros de año: «El Reino Unido tiene ahora sus propios presos políticos»…

Amnistía Internacional dio la voz de la alarma el otoño pasado sobrio «la amenaza contra el derecho a protestar» contenida en la polémica ley. «Los partidos no pueden apoyarse en una vaga definición del orden público para justificar las restricciones al derecho de libertad de reunión pacífica», el director ejecutivo de AI en el Reino Unido, Sacha Deshmukh.

«¿Está dando el Reino Unido la espalda a la democracia?», Se pregunta abiertamente la asociación Human Rights Watch, en uno de sus «despachos diarios». «La Ley de Orden Público pretende convertir a los manifestantes en delincuentes, con medidas como las «órdenes de prevención de disrupción grave», que pueden prohibir a quien haya sido detenido anteriormente a participar en protestas o enfrentarse a penas de 51 semanas de cárcel».

La asociación Global Witness, que denuncia los ataques a los activistas ambientales en todo el mundo, ha sumado a las protestas contra las leyes británicas que «pretend que los demonstrators sean percibidos como enemigos del estado en vez de facilitadores de una democracia más participativa».

Los planes para ordenar el derecho a la huelga, la nueva «Bill of Rights» que aspira a reducir o eliminar la influencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la nueva Ley de Inmigración -denunciada por la ACNUR como una «negación del derecho al asilo «- han contribuido también a su manera a la «rebaja» de la percepción internacional del Reino Unido.

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