La Corte Penal Internacional consideró que hubo «ataque sistemático» contra la población civil
Los delitos de lesa humanidad son ejecuciones extrasumariales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas
La Fiscala de la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) ha ordenado una Sala de Cuestiones Preliminares que se renovará la investigación contra Nicolás Maduro y las principales autoridades chavistas. Hubo un «ataque sistémico contra la población civil», destaca el informe de 22 páginas firmado por el fiscal Karim Khan, quien no dejó seducir ni amenazar por la revolución bolivariana.
«Desde abril de 2017 miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin base legal adecuada; fueron cientos presuntamente torturados y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación», sostiene la Fiscal, que tiene claro que s se han cometido cremenes de lesa humanidad en Venezuela y son de tal calibre que merecen seguir siendo investigados y posteriormente juzgado.
Trata de la primera investigación de este calibre en América Latina Hay un paso trascendental para la CPI en un futuro aplicado contra Maduro y sus colaboradores medidas parecidas a las ya tomadas contra el presidente ruso, Vladimir Putin.
Los delitos de lesa humanidad que pusieron en marcha el mecanismo de la ICC son Ejecuciones extrasumarias, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Delitos que los distintos informes de Naciones Unidas han vinculado al propio Maduro, a sus colaboradores más próximos y al generalato chavista.
Khan sostiene que este «sistema» político fue alentado y abordado por el gobierno y elevado a la causa de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, con el posible apoyo de grupos progubernamentales e individuos. Palizas, asfixia, ahogamientos y las descargas eléctricas forman parte del manual de los torturadores chavistas.
La contundencia del fiscal es mayor a la hora de sostener que el gobierno no ha sido capaz de demostrar «que haya realizado o que esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte». De esta forma, Khan echa por tierra el principal alegato de la revolución bolivariana, quien a través de su fiscal, Tarek William Saab, insiste en que ha castigado a quienes se han dado cuenta de algunos de estos hechos delictivos.
Otros de los argumentos esgrimidos por el chavismo es que los delitos cometidos no fueron suficientemente graves, pesa ha conocido envergadura. Impuestos no hay amor como, ni mucho menos, y consider that exist motivos para creer que s se cometieron esos delitos de lesa humanidad. “Khan vio un rechazo a los argumentos de la dictadura y la ratificación de que hay una base razonable para crear que se han cometido crímenes de lesa humanidad”, resumió la militante de derechos humanos Tamara Suju.
Hace unos meses, ante la insistencia del fiscal, el régimen bolivariano le acus de basarse en «fuentes secundarias carentes de toda credibilidad», de «marcada parcialidad» y de «clara politizacin».
Las investigaciones de Khan están sobrias y cansadas vulnerabilidades de los derechos humanos en Venezuela, sumadas a los distintos informes de Naciones Unidas, se han convertido en el principal obstáculo al que enfrenta Maduro en su carrera por legitimarse ante los ojos de la comunidad internacional. «Serias violaciones a los derechos humanos se siguen llevando a cabo en Venezuela hasta la fecha», dispar la semana pasada Marta Valias, presidenta de la Misin Internacional Independiente de la ONU para Venezuela.
Pesa en el control social que aplican los agentes gubernamentales, las manifestaciones de los últimos meses en demande de salarios fueron reprimidas una vez más. Valias hizo hincapi en la desprotección de los ciudadanos por la carencia de justicia.
Volker Trk, Alto Comisionado de la ONU, tampoco se ahorr sus crticas ante las muertes en operativos policiales, la persecucin contra periodistas y activistas, las detenciones arbitrarias y el cierre de medios de comunicacin.
Slo durante 2022 al menos 824 personas perdieron la vida a manos de policas y militares, segn la investigacin conjunta de la ONG Provea y la Fundacin Centro Gumilla, perteneciente a los jesuitas.
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